Simplifica la planificación y el reporting ESG

El reporting ESG (o de sostenibilidad) consiste en la divulgación de datos sobre las operaciones de una empresa en los ámbitos medioambiental, social y de gobierno corporativo.

• Rinde cuentas a los inversores, organismos reguladores, clientes y partes interesadas en general sobre el desempeño de la empresa en estos tres ámbitos.
• En el caso del reporting medioambiental, abarca tanto el impacto que tienen las actividades de la empresa sobre las emisiones como el riesgo que puede conllevar el cambio climático para el negocio.
• Permite a las empresas ser transparentes respecto a los riesgos/oportunidades en materia climática y social, así como su posible impacto financiero en el futuro del negocio.

La conformidad del reporting ESG está evolucionando rápidamente en muchas jurisdicciones, en las que se está pasando de una amplia variedad de normas y marcos voluntarios a marcos obligatorios.

Son muchos los estándares de reporting ESG/de sostenibilidad, concurrentes, desde los del Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB) hasta los del Carbon Disclosure Project (CDP), entre otros. Sin embargo, a raíz de las conferencias COP26 de 2021 y COP27 de 2022 se está impulsando la adopción de una normativa mundial. Por eso, en la actualidad, los principales organismos reguladores están trabajando activamente para homogeneizar los distintos estándares y lograr la interoperabilidad.

En 2021, la Unión Europea (UE) presentó el Pacto Verde Europeo de 750 000 millones de euros, que incluía una serie de requisitos de reporting para las empresas de mayor tamaño. Con el objetivo de garantizar que la financiación se destinara a las denominadas «inversiones verdes» en lugar de a tecnología tradicional (gris), se introdujo la taxonomía de la UE. Para medir el progreso hacia los objetivos de la UE en materia de ESG, la Comisión Europea encargó al Grupo Consultivo Europeo en materia de Información Financiera (EFRAG) la implementación de la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y unas Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (ESRS) de base.

A partir de 2028, el reporting delas empresas de determinado tamaño cuya sede se encuentre fuera de la UE, pero operen en ella, tendrá que adherirse a la CSRD.

Una de las principales críticas a la CSRD residía en su gran carga administrativa y reducido plazo de aplicación. A principios de 2025, la Comisión Europea propuso una serie de modificaciones para abordar estas objeciones (conocida como «propuesta Ómnibus»).

En EE. UU., con la llegada de la administración Trump, la SEC ha paralizado su proyecto inicial de regulación del reporting. Sin embargo, estados como California, Nueva York y Connecticut han implantado sus propias normas de divulgación relacionada con el clima, que aplican a las empresas de cierto tamaño que operan en ellos.

Países como Brasil, China, Japón, el Reino Unido y Sudáfrica también han aplicado o están aplicando regulaciones obligatorias de divulgación ESG. En la actualidad, aproximadamente el 50 % del producto interior bruto (PIB) a nivel mundial está sujeto a algún tipo de normativa de reporting ESG.

El reporting ESG/de sostenibilidad fue durante muchos años un informe anual y voluntario que las empresas públicas y privadas presentaban a sus partes interesadas. Los informes se centraban en el impacto de la empresa en el medioambiente y la sociedad, así como en el modo en que la empresa gestionaba dicho impacto. Con el incremento del volumen de capital (actualmente unos 35 billones de dólares) que se destina a fondos de inversión y ETF «sostenibles», ha aumentado el interés de las partes interesadas y la exigencia de que las empresas públicas y privadas faciliten información más detallada y frecuente.

Iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. y el Pacto Verde Europeo de la UE, cuyo objetivo es acelerar la transición energética, requieren datos ESG fiables para evaluar si las inversiones apoyan de verdad esta transición. Dichas iniciativas abordan específicamente la calidad de los datos a través del aumento de los requisitos normativos.

Como resultado, las medidas de sostenibilidad y cambio climático de las empresas están dejando rápidamente de ser voluntarias para adquirir un carácter obligatorio. La UE está implementando por ley el marco de la CSRD, que afecta a 50 000 empresas europeas, así como a empresas extranjeras que operan en la UE. Otros grandes mercados, como China, Brasil, Australia, Japón, Reino Unido y Sudáfrica, están poniendo en marcha una legislación similar y adoptando las normas NIIF-SDS emitidas por el ISSB.

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